El Senado analiza un proyecto de ley que reformaría la ley de extinción de dominio para destinar al menos un 10 % de los recursos obtenidos por bienes secuestrados, incautados, decomisados o extinguidos en procesos penales a políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres. La propuesta reabre la discusión sobre el uso y la priorización de esos fondos, que actualmente ingresan a la Cuenta Única del Tesoro para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en salud y transporte, además de reservar al menos un 10 % para el Incabide.
La iniciativa incorpora un destino específico adicional para que, por lo menos, otro 10 % sea dirigido a acciones contra la violencia de género. De acuerdo con el proyecto, esos recursos serían administrados por el Ministerio Público, que coordinaría su aplicación junto al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes, en un esquema que coloca en primer plano la necesidad de vigilancia sobre la ejecución y los resultados.
Entre los usos contemplados están el apoyo prioritario a casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio, así como planes en escuelas públicas para promover nuevas formas de masculinidad y cambios en patrones culturales en las relaciones entre hombres y mujeres. También prevé campañas de publicidad en redes sociales y medios, en un contexto en que el debate legislativo vuelve a poner presión sobre las autoridades para explicar si la distribución actual de estos recursos está respondiendo a las prioridades más urgentes de la población.