La sentencia contra el comunicador Ángel Martínez por difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, volvió a poner bajo la lupa el deterioro del debate público cuando se lanzan acusaciones sin base. El tribunal le impuso un año de prisión suspendida y el pago de RD$2 millones de indemnización, luego de que admitiera su culpabilidad en un proceso penal abreviado.
Raful valoró la decisión como un precedente en defensa de la dignidad y sostuvo, a la salida del tribunal, que el ejercicio periodístico debe apoyarse en pruebas y evidencias reales, “no en mentiras ni difamaciones que vulneren derechos constitucionales”. También dijo que la declaración de culpabilidad confirma que lo expresado por Martínez “ha sido puro invento”, y resaltó que el tribunal actuó con independencia al ponderar las pruebas del caso.
El expediente, conocido por la jueza Clara Luz Almonte en la Sala Penal del Distrito Nacional, concluyó con la admisión libre, espontánea y voluntaria del imputado, asistido por su abogado Julio César Paredes. Aunque la funcionaria defendió la vía legal para proteger el honor, el caso deja expuesto el contraste entre la estridencia de la acusación pública y el resultado judicial, en un escenario donde la fiscalización del poder exige pruebas y no espectáculo.