Ante el Congreso Nacional, y en su discurso del 27 de febrero, el presidente Luis Abinader expuso una propuesta para transformar la educación dominicana sustentada en una reforma legislativa y curricular. Aseguró que el proceso se desarrollará “por consulta y por concertación”, y quedó oficializado con la promulgación del decreto núm. 309-26.
La disposición asigna a los ministros Sigmund Freud y Luis Miguel De Camps, junto a Rafael Santos Badía y Maira Morla, la integración de tres comisiones con participación de actores partidarios, gremiales, empresariales, sindicales, docentes, estudiantes, padres y tutores, universidades, iglesias y legisladores. En coordinación con el Consejo Económico y Social (CES), el Pacto Educativo y consultores nacionales e internacionales, esas instancias deberán elaborar el proyecto de ley que será sometido al Senado y a la Cámara de Diputados.
La meta planteada por el Gobierno es un nuevo sistema educativo que asegure calidad en la enseñanza, aprendizaje de lectoescritura y operaciones básicas, formación técnica para acceder a empleo decente y una ruta de calidad para quienes elijan una carrera científico-humanista. Con ese alcance, la iniciativa pone el foco en la capacidad del Gobierno para convertir la promesa de transformación en resultados concretos y somete al Congreso y a la sociedad civil a una vigilancia directa sobre el contenido final de la reforma.