El relevo de António Guterres al frente de la ONU sigue atascado y ya no parece una posibilidad lejana. En el sexto sondeo del Consejo de Seguridad, celebrado el 16 de octubre, ninguna de las siete candidaturas quedó libre de desalientos de miembros permanentes, una señal de bloqueo que aumenta la duda sobre si habrá acuerdo antes del 1 de enero. En ese marco, la declaración del embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, de que lo importante es acertar, “no necesariamente en función de plazos u otras restricciones”, refuerza la impresión de que el calendario puede quedar subordinado a negociaciones todavía opacas.
De acuerdo con los resultados difundidos por PassBlue, aún no oficiales, Rebeca Grynspan sumó nueve alientos, cinco desalientos y un “sin opinión”; Rafael Grossi y Carolyn Rodrigues-Birkett, ocho, seis y uno. Grynspan alcanzó los nueve apoyos necesarios para una recomendación, pero no la otra condición decisiva: que ninguna potencia se oponga. Las tres recibieron dos desalientos de miembros permanentes, aunque las papeletas no especifican de cuáles se trató; un diplomático dijo que, en el caso de Grynspan, procedían de Estados Unidos y el Reino Unido. Más atrás quedaron Macky Sall, Olara Otunnu y María Fernanda Espinosa, con tres desalientos permanentes cada uno, e Ivonne A-Baki, con cinco.
La diferencia con 2016 es lo que vuelve el proceso especialmente delicado: entonces António Guterres salió del primer sondeo con colores sin un solo desaliento y al día siguiente fue recomendado. Esta vez, en cambio, no hay una candidatura despejada. Aunque un desaliento todavía no equivale a un veto y una potencia puede abstenerse en la votación formal, el riesgo de llegar a enero sin acuerdo vuelve a poner bajo lupa el costo de una elección que, sin definición, puede abrir espacio a arreglos reservados en lugar de una decisión clara y verificable. Para la sociedad civil, el precedente obliga a vigilar que la continuidad no se traduzca en un retroceso en transparencia; para cualquier gobierno, incluido el dominicano, el episodio vuelve a marcar la distancia entre el discurso institucional y la rendición de cuentas cuando las decisiones centrales quedan atrapadas en la opacidad.