La prisión preventiva de tres meses impuesta a Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez por su supuesta vinculación con una red de tráfico y trata de menores desde República Dominicana hacia Tórtola y Dominica vuelve a poner bajo la lupa la capacidad institucional de prevención y control frente a un delito de alto impacto social. En tanto, a una tercera imputada, Yaribel Cristina Esquea, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$50,000 y presentación periódica, además de declarar el proceso de tramitación compleja a petición del Ministerio Público.
La solicitud de medida de coerción indica que, hasta el momento, han sido identificadas tres víctimas adolescentes, de 14 y 16 años, que continúan bajo protección de las autoridades. La investigación está en manos de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la unidad especializada en esa materia y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, un despliegue que evidencia la gravedad del expediente y la necesidad de seguimiento público sobre resultados concretos.
La instancia judicial señala que el 8 de octubre de 2026 Pimentel acudió al área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas junto a dos adolescentes con la intención de abordar un vuelo hacia Tórtola y luego trasladarse a Dominica. Durante la inspección, un inspector migratorio detectó que uno de los permisos de salida era falso y remitió a la imputada y a las menores a investigación. Más allá de la medida adoptada, el caso deja abierta una advertencia institucional sobre el funcionamiento de estas redes y sobre las explicaciones que siguen pendientes para evitar que menores lleguen hasta un punto de salida internacional en medio de una presunta suplantación de identidad.