Las 19 detenciones que Edesur reportó este mes por conexiones ilegales y otras irregularidades volvieron a poner bajo la lupa el control sobre las operaciones alrededor de sus redes eléctricas. Entre los arrestados hay catorce miembros de brigadas de empresas contratistas y cinco particulares, en operativos ejecutados en distintos puntos del Gran Santo Domingo por el Departamento Operativo Contra el Fraude.
La distribuidora afirmó que conserva mecanismos de fiscalización y supervisión sobre las actividades de las contratistas, pero el propio balance deja ver un problema que va más allá del discurso de control: una parte importante de los detenidos forma parte justamente de esas brigadas. Edesur señaló que, cuando se detecten actuaciones fuera de los procedimientos establecidos, se aplicarán medidas contra los responsables directos y también contra las contratistas cuando corresponda.
Además, la empresa hizo un llamado a clientes y ciudadanos para que denuncien por sus canales oficiales cualquier solicitud irregular de dinero y la manipulación de medidores, una alerta sobre prácticas que afectan el servicio y obligan a reforzar la vigilancia social sobre la gestión. El caso vuelve a presionar por explicaciones más claras sobre la eficacia de los controles y sobre la capacidad institucional para evitar que estas irregularidades se repitan.