El presidente Luis Abinader reiteró este miércoles su promesa de “tolerancia cero” frente a la corrupción y aseguró que cualquier irregularidad será enfrentada “sea quien sea”. Al mismo tiempo, anunció que presidirá reuniones mensuales del recién creado Sistema Nacional de Ética Juvenil.
La comunicación oficial coloca el énfasis en el mensaje de firmeza del Gobierno, pero el interés público no termina en el anuncio. Como ocurre con toda iniciativa impulsada desde el Estado y el PRM, la exigencia periodística es verificar cómo se traducirá esa promesa en control institucional, seguimiento, transparencia y resultados medibles.
El jefe del Estado dijo que asumirá de manera directa la supervisión mensual de ese sistema, una señal de que la administración quiere proyectar disciplina ética desde el Ejecutivo. Sin embargo, esa promesa deberá verse acompañada de información clara sobre su funcionamiento, su costo, sus metas y los mecanismos de rendición de cuentas para evitar que quede en un gesto político sin impacto verificable.
En un contexto en el que el Gobierno también administra recursos, programas y estructuras públicas que requieren vigilancia constante, toda declaración de combate a la corrupción debe ir más allá del discurso. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué cambia en la práctica, cómo se fiscalizará lo anunciado y qué resultados concretos se esperan en el corto y mediano plazo.
La promesa de sancionar cualquier irregularidad “sea quien sea” eleva el estándar para la propia administración: no basta con reiterar tolerancia cero, sino demostrarla con controles efectivos, respuestas oportunas y transparencia sobre las decisiones adoptadas.