La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) respaldó la ley que deja fija la exoneración al sector agropecuario, al destacar que la medida aporta seguridad jurídica a una actividad clave para la economía y el suministro de alimentos.
Sin embargo, más allá del apoyo gremial, el punto de interés público sigue siendo si esta decisión tendrá un impacto verificable en la inversión, la producción y el abastecimiento, tres variables que determinan si el beneficio tributario cumple su propósito o si termina sin resultados medibles.
La discusión no se limita al respaldo del sector. En una medida de este tipo, también corresponde observar cómo se implementará, cuál será su costo fiscal, qué mecanismos de seguimiento tendrá y qué rendición de cuentas se ofrecerá sobre sus efectos reales en el campo.
El aval de ADA coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre el rol de las exoneraciones en el agro: si funcionan como herramienta para fortalecer la actividad productiva o si requieren una evaluación más estricta para comprobar que el incentivo público se traduzca en beneficios concretos para consumidores, productores y el abastecimiento nacional.
Mientras la ley consolida la exoneración, la pregunta de fondo es si el Estado tendrá indicadores claros para demostrar que la medida mejora la competitividad del sector y no se queda en una señal de respaldo político sin resultados suficientes.