En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), representantes de los sectores religioso, sindical, salud y sociedad civil advirtieron este miércoles que la Resolución DGM-001-2026, al endurecer los requisitos para renovar permisos temporales de trabajo de personas extranjeras no residentes, suma presión sobre el empleo formal y los servicios públicos, con efectos que, a su juicio, exigen una vigilancia más estricta sobre la respuesta del Estado.
El planteamiento surgió durante el foro “Voces Solidarias: Por una conversación nacional más humana y basada en derecho”, donde los participantes coincidieron en que la política migratoria no puede evaluarse solo por el discurso de control, sino por su capacidad de equilibrar seguridad, cumplimiento de la ley, derechos humanos, institucionalidad democrática y desarrollo económico. El intercambio puso especial atención en la regularización laboral dentro de actividades marcadas por la informalidad, como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, espacios en los que las nuevas disposiciones podrían acentuar obstáculos ya existentes.
Pablo Mella sostuvo que la aplicación de estas medidas debe respetar la dignidad humana, el debido proceso y la protección de las familias, mientras Eulogia Familia expuso las barreras que enfrentan los trabajadores migrantes para acceder a empleos formales y ejercer sus derechos, al insistir en que la formalización requiere la participación del Estado y de los empleadores. Desde el área de salud, Francisca Peguero advirtió sobre posibles repercusiones en el acceso oportuno a servicios sanitarios y en la salud pública, especialmente para poblaciones vulnerables, en una señal de alerta institucional sobre el costo social de decisiones que ahora quedan bajo escrutinio ciudadano.