El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, rechazó este domingo como una “fantasía” y una “leyenda” las versiones sobre supuestas presiones políticas a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que desistieran de seguir en el proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin embargo, su respuesta llegó en un contexto que mantiene abierto el debate sobre la necesidad de vigilancia pública alrededor de una decisión sensible para la alta corte.
Peralta habló ante la prensa previo a la XXIII Convención Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde también defendió la actuación del presidente Luis Abinader como titular del CNM. Según dijo, dos jueces de la Suprema han desistido “haciendo uso de su derecho” y, en algunos casos, por razones familiares o personales. Incluso, afirmó que al menos uno tendría un familiar con problemas de salud. Aun así, el hecho de que el oficialismo salga a desmentir versiones y a respaldar de inmediato al Presidente vuelve a colocar el foco sobre la transparencia del proceso y sobre las explicaciones pendientes en torno a la composición de la SCJ.
El funcionario también rechazó la versión de que la integración de la Suprema estuviera previamente definida y sostuvo que Abinader ha respetado la libertad del proceso. Pero la controversia vuelve a exponer el costo institucional de cualquier duda sobre la independencia judicial: cuando el Gobierno y el PRM se ven obligados a responder en medio de renuncias y evaluaciones, el discurso de normalidad choca con una realidad que exige más rendición de cuentas y menos cierre político en torno a decisiones de alto impacto.