La anunciada posible suspensión de servicios a afiliados de ARS Futuro en clínicas de Andeclip, prevista para entrar en vigor desde el martes 14 de julio, reavivó la preocupación por la vulnerabilidad con que quedan atrapados los usuarios cuando estalla una disputa entre actores del sistema de salud.
Frente a esa medida, ARS Futuro afirmó que garantizará los servicios de salud en todo el país a través de su red de prestadores y pidió “tranquilidad” a sus afiliados, empresas vinculadas, corredores de seguros y demás aliados. Aun así, el episodio deja al descubierto la distancia entre el discurso de cobertura y la realidad de un sistema en el que una decisión de esa magnitud puede dejar a pacientes y familias en incertidumbre.
En un comunicado, la ARS explicó que no forma parte de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) y que, por tanto, no ha sostenido conversaciones con Andeclip sobre este asunto que pudieran derivar en un acuerdo. “Nos sorprende lo establecido en la citada rueda de prensa donde sin mediar ningún tipo de comunicación ni de solicitud de acercamiento, se haya tomado una decisión de tal magnitud como es la suspensión de servicios a nuestros afiliados. Desconociendo nosotros las causas que la puedan estar motivando”, indicó.
La aseguradora agregó que sus tarifas con las clínicas se ubican entre 25 % y 30 % por encima del promedio que pagan las ARS, y que esos montos se pactan de manera individual y “consensuadas” con los centros privados. Con ese planteamiento, solicitó formalmente abrir un diálogo con Andeclip para conocer las razones concretas de la medida, que —según dijo— afecta a la empresa y a su imagen institucional.
“Confiamos en que, una vez evaluada nuestra situación, Andeclip proceda a revocar estar decisión y a excluir a Futuro ARS de una medida de la cual nunca debimos formar parte”, señaló la entidad. Más allá del cruce entre instituciones, el caso vuelve a colocar el foco en la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas en un servicio esencial: cuando fallan la coordinación y las respuestas oportunas, el costo social recae primero sobre los afiliados.