Capital One defendió ante la Corte del Distrito Sur de Florida que el cierre de cientos de cuentas de la Organización Trump respondió a “preocupaciones de lavado de dinero”, no a “discriminación política”, como alega la demanda presentada en marzo de 2025 por empresas y familiares del presidente Donald Trump. Según el banco, la decisión se tomó en 2021 después de “meses de análisis” y de una “revisión exhaustiva” de su equipo de anti-lavado de dinero, en línea con sus políticas y directrices regulatorias.
La entidad afirmó que fueron cerradas unas 300 cuentas empresariales y personales y sostuvo que las “acusaciones vagas de discriminación política no están respaldadas por ningún documento” de la demanda. El caso vuelve a colocar bajo fiscalización operaciones que manejaban millones de dólares de la familia Trump y entidades afiliadas, en un expediente donde el banco insiste en que actuó tras un “proceso robusto” conducido por profesionales con experiencia en aplicación de la ley.
Aunque Capital One no detalló en los documentos públicos cuáles fueron las alertas específicas de anti-lavado, sí aseguró que notificó en marzo de 2021 que las cuentas serían cerradas en dos meses y que dio “varios meses” para buscar nuevos servicios bancarios. El contraste entre la denuncia de sesgo político y la defensa basada en controles regulatorios deja abierto un foco de rendición de cuentas sobre el manejo financiero del caso y sobre las explicaciones que todavía siguen pendientes en sede judicial.