El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) propuso que el cobro por el servicio de residuos sólidos no dependa únicamente de la facturación, sino que también tome en cuenta la actividad económica y la cantidad de residuos que genera cada sector.
La propuesta fue presentada ante el presidente Luis Abinader y el Congreso Nacional, con el argumento de que la Ley 98-25 debe responder al impacto ambiental de forma más equilibrada y no trasladar el peso del ajuste solo sobre la base de los ingresos facturados.
El planteamiento abre el debate sobre la forma en que se distribuirá el costo del servicio y obliga al Gobierno y a los legisladores a explicar cómo se determinará ese cobro, con qué criterios técnicos, qué mecanismos de transparencia tendrá y qué efectos concretos tendrá sobre comerciantes, consumidores y sectores productivos.
En un contexto en el que el Gobierno impulsa cambios normativos y pide respaldo a nuevas medidas, la discusión sobre residuos sólidos también exige claridad sobre la rendición de cuentas: quién pagará más, por qué, cómo se medirá el impacto ambiental y qué garantías habrá de que el esquema responda realmente a la generación de desechos y no solo a la capacidad de facturación.
El CNCP insistió en que la regulación debe considerar la realidad de cada sector, de manera que el cobro tenga relación con la carga ambiental que genera. Con ello, el gremio busca que la aplicación de la ley no termine siendo un mecanismo uniforme que ignore diferencias entre actividades económicas.
La propuesta queda ahora en manos del Gobierno y del Congreso, que deberán evaluar si el diseño del cobro refleja de manera justa el costo del servicio, el impacto ambiental y el principio de proporcionalidad que reclama el sector comercial.