A medida que Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2026, hay un hecho de fondo que sigue siendo incuestionable: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y recuperó control territorial en muchas regiones gracias al impulso del Plan Colombia y otros esfuerzos institucionales. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a colocarse en el centro de la política nacional.
Ese balance, que reconoce la reducción de la violencia, también deja abierta una advertencia sobre el presente. En el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha alimentado el debate, en medio de cuestionamientos de quienes sostienen que algunos grupos ilegales habrían aprovechado el proceso para ampliar su control territorial y reforzar economías ilícitas. La distancia entre los logros acumulados en años anteriores y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para frenar nuevas amenazas ha reactivado las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas.
Lo que plantea este escenario es que el éxito de una estrategia del pasado no asegura respuestas eficaces ante los desafíos de hoy. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no se limita a acuerdos o enfoques, sino a si la gestión vigente está dando resultados suficientes frente al crimen organizado y al control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.