La Administración Trump enfrenta un nuevo frente de fiscalización por el manejo de los ingresos petroleros de Venezuela. El Departamento de Estado, que controla esos fondos, está bloqueando esfuerzos para establecer cuánto dinero ha recaudado Washington, según el texto, al no colaborar con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) ni entregar al Congreso los informes de auditoría prometidos.
Nueve meses después de que EE. UU. asumiera el control de las exportaciones petroleras venezolanas, la administración todavía no ha explicado cuánto ha ingresado ni cuánto ha sido devuelto al Gobierno interino en Caracas. En abril, el Departamento de Estado aseguró que las cuentas estaban siendo auditadas por KPMG y que compartiría esos reportes con el Congreso, pero hasta ahora no lo ha hecho. Dos personas familiarizadas con la situación dijeron además que la entidad ni siquiera se ha reunido con la GAO, que investiga estos ingresos desde julio.
La presión política ya escaló en el Capitolio. Los principales demócratas amenazan con citar judicialmente al Departamento si ganan las elecciones legislativas de noviembre, mientras legisladores de ambos partidos también exigen revisar el contrato acordado por el Pentágono con el empresario venezolano Alejandro Betancourt, que podría abrir la puerta a una participación del 35 % en su negocio petrolero en el país. Joaquín Castro, demócrata de Texas en la Cámara de Representantes, resumió el clima de alerta al denunciar una «falta de rendición de cuentas sin precedentes» en las relaciones de la Administración con Venezuela.