Miguel Díaz-Canel reconoció este sábado que “será interminable la lista de sancionados” en Cuba por parte de Estados Unidos, luego de que Washington anunciara nuevas medidas contra ocho empresas cubanas dedicadas a la explotación de minerales y al desarrollo militar, además de tres de sus directivos. El mensaje vuelve a dejar al descubierto un escenario de presión sostenida sobre estructuras estatales y militares, mientras la crisis continúa trasladando su costo al país.
En su defensa, el presidente cubano sostuvo que desde la isla y desde el exterior “millones” de personas “escriben la gran odisea de la resistencia cubana con talento, patriotismo y solidaridad”. Sin embargo, el nuevo paquete de sanciones coloca otra vez bajo la lupa la gestión de recursos y las prioridades del poder. El jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, detalló que los sancionados son “cuatro empresas estatales que saquean las reservas de níquel de Cuba para beneficio del régimen, cuatro empresas militares dedicadas a la investigación y el desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de campos de batalla, y tres oficiales militares que las dirigen”.
Rubio añadió que “la Administración Trump no permanecerá impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo de Cuba, mientras el pueblo cubano sufre carencias”. Desde inicios de 2026, EE.UU. aplica una política de “máxima presión” contra la isla, con un bloqueo petrolero desde enero y sanciones secundarias en mayo que ahuyentan a empresas extranjeras, en un contraste cada vez más visible entre el discurso oficial de resistencia y el deterioro del entorno económico e institucional.