La decisión de enviar a juicio de fondo a los imputados del caso Intrant reabre con fuerza el debate sobre los controles en la gestión pública, al colocar sobre la mesa una demanda civil de RD$12,000 millones por un expediente que, según el Ministerio Público, detectó supuestas irregularidades en un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre a la empresa Transcore Latam.
Entre los principales acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant, y el empresario José Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S., empresa judicializada en el caso. El defensor del Estado, José Alberto Ortiz, valoró como positiva la decisión adoptada por la jueza Yanibet Rivas y afirmó que el Estado buscará en el juicio de fondo una indemnización de 12,000 millones de pesos contra los imputados.
Ortiz sostuvo que los recursos que se procuran recuperar deben regresar a los ciudadanos en servicios y políticas públicas, mientras el caso vuelve a exponer el costo institucional de las presuntas irregularidades en una entidad estratégica. El proceso, abierto en 2024 tras la acusación presentada por el Ministerio Público, mantiene bajo vigilancia un expediente que pone a prueba la capacidad oficial de traducir el discurso anticorrupción en resultados concretos y rendición de cuentas.