El periodista Óscar Martínez denunció que más de 500 personas han muerto bajo custodia en cárceles de El Salvador, una cifra que reaviva las críticas sobre el uso del poder por parte del presidente Nayib Bukele y la ausencia de controles efectivos sobre el sistema penitenciario.
Martínez aseguró que entre las víctimas hay personas detenidas sin condena ni historial criminal, y que varias habrían sido enterradas por el Estado sin que sus familias fueran notificadas. La denuncia coloca nuevamente en el centro del debate la transparencia de las autoridades salvadoreñas y la obligación de rendir cuentas sobre las condiciones de detención.
El señalamiento no se limita a la magnitud de las muertes, sino a la falta de información pública sobre cada caso, el tratamiento dado a los cuerpos y la responsabilidad institucional por lo ocurrido. En ese contexto, la gestión de Bukele vuelve a enfrentar cuestionamientos por gobernar con un poder ampliamente concentrado y con escasos contrapesos visibles.
La denuncia también abre interrogantes sobre el seguimiento oficial a estas muertes, las investigaciones disponibles y el acceso de las familias a información básica sobre sus parientes detenidos. Hasta ahora, los señalamientos de Martínez ponen el foco en la necesidad de supervisión independiente y de mecanismos de control que permitan esclarecer lo ocurrido.