La administración de Luis Abinader quedó bajo nueva presión luego de que Estados Unidos solicitara al gobierno dominicano derogar el decreto 693-24, emitido el 17 de diciembre de 2024, que aplica aranceles a la importación de arroz. El planteamiento fue hecho durante las conversaciones iniciadas el 9 de septiembre sobre la agenda arancelaria bilateral, en un diálogo encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, junto a Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de los Estados Unidos, y la embajadora Julie Callahan, jefa negociadora agrícola de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
La propia Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos fijó públicamente su posición al señalar en X la “importancia de la derogación del Decreto 693-24 por parte del presidente Abinader para cumplir con las obligaciones de acceso al mercado de la República Dominicana en el marco del CAFTA-DR con respecto al acceso para el arroz de EE.UU.”. La exigencia coloca al gobierno dominicano ante un contraste directo: el decreto fue defendido oficialmente como una medida para preservar la capacidad productiva interna y garantizar el abastecimiento constante y seguro de alimentos para la población.
En los considerandos de esos decretos, el Gobierno sostuvo además que una afectación de la producción nacional de arroz impacta intereses esenciales del Estado dominicano por el peso de ese producto en la estabilidad social y económica del país. Con ese antecedente, la petición de derogación deja abierta una pregunta institucional sobre la consistencia de la gestión: si la medida respondía a una prioridad estratégica de seguridad alimentaria, el Ejecutivo y las áreas económicas, incluida Hacienda, quedan compelidos a explicar cómo resolverán ahora la tensión entre la protección de la producción nacional y los compromisos comerciales asumidos por el país.