Las medidas económicas presentadas por el Gobierno se han sustentado en el argumento de la responsabilidad fiscal y la coyuntura internacional, aunque el propio planteamiento deja claro que la administración ha tenido que entrar en un proceso de ajuste, con reducción y reorientación del gasto público. Así, el debate ya no se reduce a la narrativa oficial, sino a la exigencia de fiscalizar cómo se llegó a este punto y cuál será el costo real para la población.
El Gobierno asegura que la presión de los precios internacionales del petróleo, los costos logísticos y otras tensiones externas obligan a buscar equilibrios para evitar más inflación, menor inversión pública, deterioro de programas sociales y una mayor vulnerabilidad de las familias. Además, afirma que las medidas no tocan el ITBIS, no afectan las compras por internet, no elevan el IPI ni cargan el impuesto sobre la renta de las Mipymes, al tiempo que contemplan eliminación de anticipos para microempresas, facilidades tributarias para pequeños negocios, ampliación del Régimen Simplificado de Tributación y alivios para sectores productivos y familias.
No obstante, entre las disposiciones se incluye el aumento de la tasa del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, que sube de 0.15% a 0.20%, un cambio que el oficialismo intenta presentar como menor al señalar que en una operación de RD$100,000 la diferencia sería de RD$50. Con todo, la discusión de fondo apunta a la distancia entre el discurso de sensibilidad social y la necesidad de explicar con claridad por qué, en medio de un ajuste, se recurre a más cargas y recortes, y cómo se protegerá realmente a la clase media y a las familias.