El caos del tránsito ya no es solo una postal diaria: también se ha convertido en una señal del deterioro de la gestión con efectos directos sobre la población. Según expertos citados en el texto original, el desorden vial representa un costo de 150 mil millones de pesos al año, además de miles de muertos, estimados en alrededor de 3 mil, y una cantidad de lesionados de por vida que termina recayendo sobre sus familiares y sobre el Estado.
A esa carga se suma la falta de fiscalización, que quedó al descubierto tras la tragedia ocurrida el pasado lunes en la mañana en el Malecón. Al día siguiente, vehículos de carga y tanqueros de distintas compañías transportadoras de combustible seguían circulando por la vía, sin presencia de la Policía ni del Intrant para sancionar a quienes incumplían las prohibiciones del Ayuntamiento y de la propia institución responsable del tránsito. El contraste entre las normas anunciadas y su aplicación real vuelve a poner en duda la capacidad de control de las autoridades.
Frente a un problema que el propio texto describe como grave y multifactorial, la presión recae sobre la agenda del gobierno del presidente Luis Abinader. La dimensión de sus repercusiones económicas y sociales refuerza la exigencia de una respuesta coordinada con sindicatos del transporte y expertos, pero también de rendición de cuentas sobre por qué, pese al nivel de caos y a las restricciones existentes, las infracciones siguen sin consecuencias visibles.