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El plan para retirar gradualmente el impuesto a seguros de vida vuelve a poner bajo la lupa una carga que encareció la protección familiar

junio 17, 2026 · Redactor
El plan para retirar gradualmente el impuesto a seguros de vida vuelve a poner bajo la lupa una carga que encareció la protección familiar
Foto: eldinero.com.do

El respaldo de Miguel Villamán a la eliminación gradual del gravamen vuelve a señalar una distorsión tributaria sostenida por años y la necesidad de comprobar si el alivio llegará de verdad a las familias.

Miguel Villamán, asesor de la Superintendencia de Seguros y expresidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), consideró una medida de “gran relevancia” la propuesta del Ministerio de Hacienda para eliminar de forma gradual el impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado a los seguros de vida. Su valoración también reaviva el escrutinio sobre una carga tributaria que, según explicó, durante décadas encareció un instrumento esencial para la protección financiera de las familias dominicanas.

A juicio de Villamán, el proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional contiene disposiciones con capacidad para impulsar la actividad económica, bajar costos de formalización, ampliar el régimen simplificado de tributación (RST), aliviar la carga sobre las mipymes, facilitar la regularización de contribuyentes y promover inversiones. En el caso del sector asegurador, afirmó que el desmontaje gradual del ISC corrige una distorsión que trató el seguro de vida como un bien de consumo, pese a su papel de previsión, protección patrimonial y estabilidad económica para los hogares.

El especialista indicó que la medida puede ampliar el acceso de la población a esta cobertura, reforzar la cultura aseguradora y elevar la protección financiera en el país. Agregó que la decisión también envía una señal positiva sobre la eliminación de impuestos que han perdido justificación económica o social, una postura que fortalece la exigencia de revisar por qué este gravamen se mantuvo vigente durante tanto tiempo y cómo se asegurará que la corrección anunciada tenga un impacto efectivo para las familias.