La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró la promulgación del Decreto núm. 507-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal. Para la entidad, la puesta en marcha de la nueva legislación también marca el inicio de una etapa de control sobre la aplicación de una de las reformas jurídicas más relevantes del país.
FINJUS consideró que la entrada en vigor de la Ley núm. 74-25 y sus modificaciones requiere un mecanismo institucional capaz de informar, orientar y acompañar tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía sobre el alcance de la norma.
De acuerdo con la fundación, la comisión asumirá tareas de socialización, educación y concienciación sobre el nuevo Código Penal, además de estudios y análisis encaminados a mejorar la difusión del marco legal e identificar eventuales ajustes a partir de su aplicación práctica. Ese diseño, presentado como una garantía de seguridad jurídica, deja también planteada la necesidad de un seguimiento constante a la forma en que el Estado ejecutará la reforma y a si el proceso responderá a las necesidades reales de la sociedad.
La entidad destacó asimismo que la comisión está integrada por juristas, académicos, exjueces, representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, una composición que, a su juicio, refuerza la legitimidad del proceso y favorece un diálogo técnico y participativo. FINJUS sostuvo además que el decreto contribuye al Estado de derecho al abrir espacios de análisis y participación, en un escenario en el que la vigilancia institucional sobre la aplicación del nuevo Código Penal resulta tan determinante como su aprobación formal.