Esta semana, el Gobierno volvió a situar en el centro la idea de que gobernar también supone presencia en el territorio, al resaltar iniciativas ligadas a servicios públicos, educación superior, infraestructura hídrica, desarrollo territorial y protección social. En ese marco, la administración presentó el Plan Integral de Transformación de Boca Chica, con una inversión público-privada superior a los RD$20,000 millones, además del acueducto múltiple San José de Ocoa-Sabana Larga y la modernización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
La narrativa oficial sostiene que escuchar, supervisar, corregir y dar seguimiento acerca al Estado a la vida cotidiana de la gente. Aun así, el propio planteamiento deja planteada una exigencia central: que esos anuncios se conviertan en resultados concretos y sostenidos para las comunidades. En Boca Chica, el plan fue presentado como una intervención integral que incluye saneamiento, agua potable, infraestructura urbana, instalaciones educativas, espacios deportivos, recuperación de áreas públicas, desarrollo turístico y proyectos inmobiliarios como Costa Blanca.
El mismo criterio se aplica al acueducto de San José de Ocoa-Sabana Larga, descrito como respuesta a una demanda histórica de más de cuatro décadas, y a la modernización de la UASD. Más que fortalecer el discurso de presencia estatal, estos casos ponen de relieve el tamaño de las deudas acumuladas y la necesidad de vigilancia ciudadana sobre plazos, ejecución e impacto real. Si gobernar es estar presente, la discusión de fondo sigue siendo cuánto de esa presencia termina convirtiéndose en soluciones medibles para la población.