El Gobierno propuso endurecer la supervisión de las leyes de incentivos fiscales para impedir abusos en la concesión de exenciones tributarias, al admitir que los controles actuales no han funcionado de manera homogénea. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, forma parte del paquete fiscal y se centra en los recursos que el Estado deja de recibir por estos beneficios.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto no suprime los incentivos vigentes, pero sí pretende otorgar un papel más activo al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de nuevas solicitudes. Díaz afirmó que ya existen disposiciones que permiten a esa cartera emitir opiniones sobre los incentivos, aunque reconoció que esas facultades no siempre se han aplicado con la misma consistencia.
Además, la propuesta dispone que cualquier objeción de Hacienda y Economía deberá ser validada por el presidente de la República, por lo que la revisión de exenciones queda sujeta a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que la meta es garantizar que los incentivos se concedan conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y hagan más eficiente el sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a poner bajo escrutinio el costo de las exenciones para el Estado.