El Poder Ejecutivo llevó este martes al Senado un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Digiteg), una entidad autónoma y descentralizada que sustituiría a la actual Digeig. La propuesta vuelve a poner sobre la mesa la eficacia del esquema vigente, al plantear una institución con independencia administrativa, financiera y funcional, además de atribuciones más amplias para investigar denuncias, aplicar sanciones administrativas e inhabilitar a funcionarios por hasta cinco años.
Entregada por la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, la iniciativa afirma que procura reforzar la transparencia, la prevención de la corrupción y el acceso a la información pública. Asimismo, amplía las competencias en materia de protección de datos personales y de protección de denunciantes, informantes y testigos. De acuerdo con el texto, la Digiteg sería la autoridad rectora del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública y podría actuar a partir de denuncias ciudadanas, reportes de las Comisiones de Integridad Gubernamental o de oficio.
La propuesta también establece un régimen de sanciones para los servidores públicos: amonestaciones y suspensiones de hasta 30 días para faltas leves; suspensiones de hasta 60 días y multas de hasta 15 salarios mínimos del sector público para faltas graves; y, en el caso de faltas muy graves, multas de hasta 30 salarios mínimos, destitución e inhabilitación temporal. Si encuentra indicios penales, la nueva entidad deberá remitirlos al Ministerio Público. El proyecto llega al Congreso con un alcance mayor que el de la estructura actual, lo que coloca bajo mayor escrutinio la capacidad real del Estado para convertir el discurso de integridad en controles efectivos y sanciones concretas.