El debate sobre inteligencia artificial en la República Dominicana no se reduce al salto tecnológico, sino que remite a una cuestión de poder, supervisión y capacidad institucional. El texto sostiene que la incorporación de la IA avanza bajo el dominio de grandes empresas privadas y con una supervisión democrática mínima, en un entorno en el que esas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
A partir de esa realidad, el artículo admite los límites del país: una presión tributaria de alrededor del 14 % del PIB, una burocracia aún en proceso de profesionalización, una capacidad regulatoria restringida y una dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese escenario le dificulta a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, crear sus propias redes sociales o fijar condiciones a las plataformas que dominan la comunicación global.
Sin embargo, la advertencia central no apunta a la impotencia, sino a la omisión. El texto plantea que, incluso dentro de esa asimetría, el Estado dominicano conserva márgenes que no ha ejercido con intencionalidad, mientras la sociedad civil dispone de herramientas que puede activar sin esperar al Estado y también existen palancas multilaterales que no se han utilizado. En ese marco, menciona decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata con proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un terreno que plantea exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se está gestionando un asunto con impacto directo en la democracia.