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Juzgado mantiene prisión preventiva en Operación Cobra y sigue bajo foco el presunto desfalco al SeNaSa

agosto 6, 2026 · Redactor
Juzgado mantiene prisión preventiva en Operación Cobra y sigue bajo foco el presunto desfalco al SeNaSa
Foto: diariodigitalrd.com

La decisión judicial deja en prisión a seis imputados y vuelve a poner en primer plano una presunta red que, según el Ministerio Público, habría sustraído miles de millones de pesos del seguro de salud estatal.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros cinco imputados en el caso Operación Cobra, tras acoger la petición del Ministerio Público y estimar que continúan vigentes los presupuestos que sustentaron la medida. Con ello, el expediente reafirma su alcance: una presunta trama de corrupción administrativa que, según la acusación, habría provocado un desfalco de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante autorizaciones fraudulentas y otras maniobras irregulares.

Tras la ratificación, siguen privados de libertad Hazim Albainy, a quien el Ministerio Público atribuye el rol principal, junto con Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Los seis cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, la medida que les fue impuesta inicialmente en diciembre del año pasado.

Al concluir la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el tribunal entendió que la prisión preventiva continúa siendo la medida “necesaria, idónea y proporcional” para los procesados, y sostuvo que deben recibir sentencias “ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”. En la vista también estuvieron Mirna Ortiz, titular de la Pepca, y el juez Deiby Timoteo, quien conoció el caso en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por razones de espacio. La decisión vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de control y fiscalización sobre recursos públicos sensibles, en un expediente que golpea de manera directa un servicio esencial para la ciudadanía.