El siniestro del Gulfstream G200 Galaxy, matrícula N318JF, en La Romana ha vuelto a centrar la atención sobre los controles técnicos vinculados a una operación que concluyó con la muerte del piloto Erick Javier Diago y del copiloto Rudy Ghazal, ambos ciudadanos estadounidenses. La aeronave había arribado desde Puerto Rico, se abasteció de combustible y despegó rumbo a Texas, pero pocos minutos después notificó un desperfecto técnico. Los registros de rastreo de vuelo, aceptados como evidencia investigativa formal bajo el Anexo 13, muestran dos giros completos sobre el mar y un aterrizaje abortado antes de la aproximación final, momento en que el avión se salió de la pista, perdió el tren de aterrizaje en terreno no asfaltado y terminó incendiado.
Con base en un análisis CAST elaborado a partir de los datos confirmados durante las primeras horas, el FBO de La Romana queda señalado como un nodo crítico todavía pendiente de examen, debido a que el reabastecimiento se produjo justo antes del despegue y la falla técnica fue reportada poco después. El propio enfoque técnico insiste en que esa hipótesis debe resolverse con evidencia física y con los registradores de vuelo, lo que refuerza la necesidad de una pesquisa rigurosa antes de cerrar conclusiones.
El texto recuerda además que el Anexo 13 del Convenio de Chicago de 1944, del que República Dominicana es Estado Contratante, establece que la investigación de accidentes tiene como fin evitar que se repitan. También dispone que la notificación a los Estados involucrados debe realizarse sin demora y que la indagación debe comenzar de inmediato. En ese marco, el caso no solo deja abierta una explicación técnica, sino que también pone a prueba la vigilancia institucional sobre si todos los eslabones de control y respuesta están siendo examinados con la profundidad que exige una tragedia de esta magnitud.