La depresión y otros trastornos de salud mental ya tienen un efecto económico directo, aunque ese costo siga sin entrar de lleno en la agenda de la gestión pública. El texto sostiene que ese sufrimiento se convierte en menos productividad, más presión sobre la red hospitalaria y un deterioro paulatino de los hogares, una carga que resta al PIB sin quedar reflejada de manera explícita en los indicadores tradicionales ni en el presupuesto del Estado.
Con cifras de la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial, la pieza recuerda que los trastornos de salud mental le cuestan a la economía mundial cerca de 1 billón de dólares al año por pérdida de productividad. Además, plantea una distorsión menos visible para empresas y trabajadores: por cada dólar que se pierde por ausentismo, el sector privado asume entre tres y cuatro dólares por presentismo, cuando la persona permanece en su puesto con su capacidad de decisión y respuesta severamente reducida por un cuadro depresivo.
A nivel local, el diagnóstico describe un doble estrangulamiento institucional: una red pública de atención precaria y la exclusión de la salud mental de la cobertura de la seguridad social. En un mercado laboral con una informalidad que ronda el 50% de la fuerza laboral, una depresión no tratada puede arrastrar a las familias a una mayor precariedad. Ante esa brecha entre discurso y realidad, la propuesta central es que la respuesta deje de ser reactiva: incorporar la salud mental al catálogo de cobertura de la seguridad social y descentralizar la atención desde el primer nivel aparecen como reformas urgentes para reducir un costo social que hoy pagan los ciudadanos sin una respuesta proporcional del Estado.