La idea de la planificación como impulso del desarrollo vuelve a sostenerse en grandes proyectos de transporte, como la ampliación de la Línea 2 del Metro hacia Los Alcarrizos, su conexión con el Teleférico y la construcción del Monorriel junto con el Teleférico en Santiago. La premisa es que estas intervenciones no deben leerse como iniciativas sueltas, sino como parte de una visión de ciudad orientada a prever el crecimiento urbano y a vincular inversiones públicas con efectos duraderos.
Ese planteamiento, sin embargo, también incrementa la exigencia sobre la gestión de Luis Abinader: si el Gobierno presenta estas infraestructuras como prueba de una nueva forma de gobernar, el balance ya no puede quedarse en el anuncio de las obras, sino en su capacidad efectiva para acortar los tiempos de traslado, atender las necesidades presentes y evitar que la planificación se quede en el discurso. La alusión a modelos como Madrid y Medellín fortalece esa vara de comparación y deja abierta una fiscalización más severa desde la sociedad civil sobre ejecución, utilidad y coherencia de la inversión pública.
Los Alcarrizos y Santiago aparecen así como muestra de una política que procura ordenar el crecimiento antes de que la improvisación termine imponiendo costos más altos. Pero justamente porque el texto eleva estas obras a emblema de cambio institucional, también deja una advertencia: cuando el poder convierte la planificación en bandera, queda obligado a responder por los resultados concretos de esa promesa de desarrollo en la vida cotidiana de la población.