La acusación formal contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara ya fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en un expediente que el Ministerio Público relaciona con la presunta solicitud y recepción de un soborno de US$10,000 mediante una entrega controlada. Ese paso no implica una declaración de culpabilidad ni una responsabilidad penal establecida, pero sí pone en marcha un control judicial sobre la investigación y la consistencia de las pruebas presentadas.
Desde ahora, el tribunal tendrá que valorar el contenido de la acusación, las evidencias aportadas por el órgano acusador y los argumentos de la defensa para determinar si el proceso pasa a un juicio de fondo. Conforme al Código Procesal Penal establecido por la Ley 97-25, en vigor desde diciembre de 2025, la audiencia preliminar opera como un filtro institucional: no confirma de manera automática la versión oficial, sino que obliga a sustentarla ante un juez.
De acuerdo con la acusación depositada, a Valdez Alcántara se le imputan infracciones a los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, además de disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Con esa presentación, el Ministerio Público no da por cerrado el caso, sino que coloca en primer plano la exigencia de rendición de cuentas sobre la investigación, las pruebas reunidas y la respuesta institucional ante un hecho que vuelve a golpear la confianza pública.