El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró este miércoles que no lo van a intimidar tras la nueva orden de captura emitida en su contra por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz. En X, Morales afirmó que el Gobierno lo acusa de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado y sostuvo que se intenta responsabilizarlo de las movilizaciones sociales en medio de lo que describió como una profunda crisis económica y social.
La Fiscalía lo investiga por presuntos alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. El caso, que también incluye a otros dos dirigentes sindicales, fue abierto por una denuncia presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, a la que después se sumó el Ministerio de Gobierno.
Durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana impulsaron bloqueos, principalmente en el occidente y el centro del país, con respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la salida de Paz. Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades y dejaron al menos 16 fall… En ese escenario, la nueva orden de captura vuelve a colocar bajo escrutinio tanto la respuesta oficial como el trasfondo de una crisis que Morales atribuye al modelo del Gobierno, en un choque que agrava la presión sobre la institucionalidad boliviana.