Este miércoles comenzó en Bolivia una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), liderada por su secretario general, Albert R. Ramdin, con el objetivo de evaluar las consecuencias de una crisis política y social que, después de más de siete semanas de bloqueos de carreteras, paralizó buena parte del país, dejó al menos 16 fallecidos y causó pérdidas económicas superiores a los 3,000 millones de dólares. La presencia de la delegación centra la atención en el alcance real del conflicto y en la capacidad de las autoridades para responder a una emergencia que fue escalando durante semanas.
La visita fue aprobada en la 56.ª Asamblea General de la OEA, celebrada en junio en Panamá, y pretende recoger información directa sobre las protestas, escuchar a los actores involucrados y apoyar los esfuerzos institucionales para preservar la paz y el orden constitucional. El episodio, que se desarrolló entre mayo y junio, incluyó bloqueos impulsados por organizaciones como la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las interrupciones derivaron en desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de golpear el transporte y la actividad económica. Según datos oficiales, 13 de los 16 fallecidos murieron por falta de atención médica oportuna debido a las trabas en las vías. Aunque el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, tras acuerdos con algunos sectores como la COB, la intervención de la OEA deja claro que la crisis ya había encendido una alerta institucional y coloca bajo observación la versión que el Gobierno expondrá ante la misión internacional.