Un artículo de opinión devolvió al centro del debate el uso de la prisión preventiva en expedientes de corrupción administrativa, al poner en duda que esa medida haya pasado a ser una respuesta habitual pese a que, según el texto, en medio siglo solo se conocen cuatro casos de funcionarios que salieron del país para evitar juicios. La pieza menciona como referencia el caso de Donald Guerrero y otros imputados, y afirma que, cuando vencen los plazos máximos de encierro o se modifica la coerción, los acusados permanecen en el país para enfrentar el proceso en libertad.
El planteamiento alerta sobre el riesgo institucional de convertir la prisión preventiva en una sanción anticipada y no en una excepción. Además, indica que, si un imputado termina fuera del expediente, no existe resarcimiento financiero por el daño reputacional causado, mientras los fiscales no enfrentan consecuencias por la fortaleza o debilidad del caso presentado.
La propuesta de un pacto político de «borrón y cuenta nueva» para despolitizar las medidas de coerción abre así una discusión más amplia sobre rendición de cuentas, debido proceso y el contraste entre el discurso de combate a la corrupción y la obligación de respetar garantías básicas. En ese marco, el texto sostiene que la presión política y la demanda de resultados no pueden sustituir la necesidad de expedientes sólidos ni justificar decisiones que después agraven el desgaste institucional.