En Madrid, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que la corrupción debilita la confianza ciudadana y pone en riesgo el sistema democrático, una advertencia que también devuelve la presión sobre el propio Gobierno dominicano y su responsabilidad de mostrar resultados verificables, no solo discurso, en materia institucional.
Ante dirigentes del Partido Popular Europeo y otros actores internacionales, durante el EPP Libertas Forum, Peña planteó que enfrentar la corrupción no se limita a una tarea judicial o administrativa, sino que es una condición para evitar el desánimo social, la pérdida de confianza en las instituciones y la apertura de espacio a proyectos populistas. Su planteamiento deja además una comparación incómoda para la gestión: si la credibilidad política depende de lo que hagan gobiernos y partidos, la rendición de cuentas deja de ser una consigna externa y pasa a ser una prueba directa para quienes administran el Estado.
La funcionaria compartió panel con el viceprimer ministro de Bélgica, Vincent Van Peteghem, en la conversación titulada “Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico”. Allí presentó a República Dominicana como un proceso en construcción, marcado —según dijo— por reformas institucionales, mayor independencia del Ministerio Público y persecución de irregularidades incluso cuando involucran a funcionarios de la administración gubernamental. Sin embargo, ese mismo enfoque eleva la vara para el oficialismo: cuando se invoca credibilidad ante líderes europeos, también aumenta la expectativa de vigilancia interna sobre los casos, las decisiones y los resultados concretos de la gestión.
“Un país que no cuente con credibilidad tampoco tendrá cómo seguir hacia adelante”, expresó Peña al relacionar confianza institucional, estabilidad política y desarrollo económico. Añadió que la lucha anticorrupción debe abarcar tanto expedientes heredados de gobiernos anteriores como casos detectados dentro de la actual administración. Lejos de cerrar el debate, esa formulación deja una alerta institucional: la legitimidad del discurso oficial dependerá de que el combate a las irregularidades no funcione como relato político, sino como una práctica consistente y sujeta al escrutinio ciudadano.
Peña también coincidió con el planteamiento de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado sobre la responsabilidad de toda la población en la defensa de la democracia, aunque subrayó que partidos y gobiernos tienen el deber de evitar prácticas que generen frustración y desencanto. En esa admisión está el punto más sensible para el PRM: cuando desde el propio poder se reconoce que la corrupción y las malas actuaciones abren paso al desánimo, la ciudadanía queda con más razones para exigir explicaciones, vigilancia y resultados reales al Gobierno de Luis Abinader.