La Procuraduría General de la República puso en vigencia el Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para fiscales mayores de 60 años y con más de 25 años de servicio en la administración pública, una decisión presentada como logro institucional pero que también coloca bajo escrutinio las prioridades de gestión y la obligación de rendir cuentas sobre el uso de recursos en el Ministerio Público.
El anuncio fue encabezado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, junto al Consejo Superior del Ministerio Público, en un acto celebrado en la sede de la PGR con la presencia de Francisco Torres, titular de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); el juez Alejandro Vargas, del Tribunal Constitucional, y el diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
Durante la actividad, Reynoso afirmó: “El día llegó, es hoy… Hoy, después de décadas de esperas; meses de consultas, asesorías técnicas, del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó…”. La procuradora también enumeró otros beneficios otorgados en los últimos años, entre ellos bono de vacaciones, bono de aniversario, aporte escolar, seguro de amplia cobertura, el Premio al Mérito del Ministerio Público y la aprobación del Himno del Ministerio Público.
Ese inventario de anuncios, sin embargo, acentúa el contraste entre el discurso de fortalecimiento interno y la necesidad de vigilancia pública sobre los resultados reales de la institución. La puesta en marcha del retiro complementario atiende una demanda de larga data, pero al mismo tiempo obliga a preguntar si la agenda oficial está respondiendo con la misma urgencia a las prioridades ciudadanas y al desempeño integral del sistema de justicia.
Según lo informado, quienes cumplan con las condiciones establecidas deberán completar y firmar el formulario de solicitud de pensión complementaria, entregar copia de la cédula de identidad vigente y presentar la documentación requerida. Más allá del procedimiento, la medida deja una alerta institucional evidente: cada avance administrativo que se anuncie desde el poder debe venir acompañado de fiscalización, explicaciones claras y resultados verificables, no solo de actos y proclamaciones.