El Gobierno dominicano presentó un paquete de medidas con el que busca enfrentar la crisis internacional vinculada al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán, sostener la estabilidad macroeconómica y preservar el crecimiento. Pero el propio diseño del plan deja en evidencia los dilemas que ahora recaen sobre la población: inflación, posible ralentización económica y riesgo de mayor déficit fiscal.
Entre las acciones planteadas figura el congelamiento de los precios de los combustibles por un periodo específico, siempre que el barril de petróleo WTI se mantenga entre US$90 y US$100. A la vez, el documento propone una compresión de gastos no esenciales con una reorientación estimada entre RD$30,000 y RD$40,000 millones, una señal que coloca bajo escrutinio qué partidas serán realmente recortadas y cómo se protegerán las funciones críticas del Estado.
Por el lado de los ingresos, el proyecto busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones mediante un esquema que, según se plantea, procura preservar la equidad y la estructura productiva básica. En ese contexto, el plan abre un frente de fiscalización sobre la capacidad real del Gobierno para equilibrar sostenibilidad fiscal y sensibilidad social, sin que el costo de la crisis termine concentrándose en los ciudadanos.