A sólo 24 días de que la norma entre en vigencia y a 16 del cierre de la legislatura, el Congreso se ve forzado a modificar 18 artículos de la ley 74/25, que sustituye el Código Penal, en medio de la presión ciudadana, las protestas y un calendario que juega en contra. La corrección llega con costo institucional y deja abiertas preguntas sobre por qué las objeciones de fondo no se resolvieron antes.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, envió a comisión bicameral el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo, con la promesa de aprobar los cambios antes del 3 de agosto. Sin embargo, el movimiento deja en evidencia el contraste entre el discurso de orden legislativo y una realidad marcada por rectificaciones de emergencia, luego de que varios sectores advirtieran fallas en una ley ya aprobada.
La salida que prevalece es la planteada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Antoliano Peralta: dejar que la ley entre en vigencia y después introducir modificaciones. En sentido contrario, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros sectores han propuesto extender la vacatio legis para revisar con más detenimiento las demandas de cambio, una alerta institucional sobre el manejo de una pieza con impacto directo en derechos y seguridad jurídica.
Las críticas se han concentrado en disposiciones que afectan la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, mientras organizaciones también acudieron al Tribunal Constitucional en busca de la despenalización del aborto en tres causales. La protesta en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos en distintos sectores de la capital y el país terminaron empujando una respuesta política que no nació de la previsión del poder, sino de la presión social.
Aunque el Senado sostiene que la iniciativa recoge observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, el giro de última hora refuerza la exigencia de fiscalización sobre el Congreso y el Ejecutivo: cuando una ley de este calibre necesita correcciones urgentes antes de arrancar, lo que queda en evidencia no es fortaleza institucional, sino desgaste de gestión y una forma de legislar que traslada incertidumbre y costo social a la ciudadanía.