El Gobierno aprobó este lunes la Política Presupuestaria Anual para 2027 y puso en marcha la formulación del Presupuesto General del Estado del próximo año con el compromiso de priorizar el gasto social, la inversión pública y la continuidad de las obras en ejecución, una hoja de ruta que vuelve a colocar en primer plano la exigencia de fiscalización sobre la gestión del PRM y sus resultados reales.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al concluir la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. De acuerdo con lo explicado, el instrumento cumple con la Ley Orgánica de Presupuesto y se articula con Meta RD 2036, dentro de una visión de largo plazo que el oficialismo insiste en presentar como respuesta institucional en medio del desgaste que arrastra su administración.
Paliza afirmó que el presupuesto estará dirigido a fortalecer el capital humano, desarrollar infraestructura, elevar la productividad y consolidar las instituciones públicas, con énfasis en proyectos de impacto directo sobre la calidad de vida y la competitividad. Añadió que se mantendrá la inversión en educación equivalente al 4.05 % del PIB, junto con el impulso al Plan Horizonte 2034, la construcción y ampliación de planteles, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.
En materia de salud, el Gobierno aseguró que seguirá la construcción y culminación de hospitales estratégicos, en especial los vinculados a la red traumatológica, además del fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de programas de protección social dirigidos a familias vulnerables. En infraestructura, Paliza citó la continuidad de proyectos de movilidad, entre ellos el sistema integrado de transporte de Santiago, además de otras obras viales en ejecución.
La definición de estas prioridades abre ahora una etapa en la que el Congreso y la ciudadanía tendrán que evaluar si el nuevo presupuesto será otra pieza de planificación oficial o una respuesta verificable al costo social de los servicios pendientes, las obras inconclusas y las promesas acumuladas. Más que el anuncio, lo que queda bajo observación es la capacidad del Gobierno de Abinader para traducir su discurso presupuestario en resultados concretos y rendir cuentas por el uso de los recursos públicos.