El diputado del PRM Carlos Sánchez sostuvo este sábado que los llamados “chiperos” han sustraído cerca de US$7 mil millones en lo que va de 2026, al atribuir ese avance a vacíos del Código Penal vigente. Su planteamiento, hecho antes de la sesión de la Cámara de Diputados, colocó el foco no solo en la aprobación de la pieza, sino en el impacto que ha tenido la demora para responder a delitos de alta tecnología.
Sánchez defendió la necesidad de aprobar la reforma y afirmó que hay sectores que se oponen porque “están a sus anchas”, al tiempo que insistió en que la nueva normativa sería una herramienta clave frente a delitos que, según explicó, no estaban debidamente contemplados. Recordó que el proyecto incorpora alrededor de 70 nuevas tipificaciones, entre ellas sicariato, corrupción administrativa y fraude tecnológico, en medio de diferencias y controversias que todavía rodean la discusión.
Mientras los diputados continúan con el análisis de unas 18 observaciones al proyecto en una sesión extraordinaria, la intervención del legislador oficialista deja abierto un contraste político e institucional: el propio PRM presenta ahora como urgente una respuesta legal frente a un problema que describe como multimillonario y en expansión. En ese escenario, la discusión del Código Penal vuelve a quedar bajo escrutinio por sus efectos concretos sobre seguridad, control del fraude y rendición de cuentas ante delitos que ya tienen costo para el país.