El financiamiento público a los partidos vuelve a poner sobre la mesa un problema institucional de fondo. Para 2026, el Presupuesto Nacional asigna RD$1,620 millones a organizaciones políticas en un año sin elecciones, bajo un esquema que también permite que el Movimiento Cívico Cabrereño, con 156 votos en las municipales de 2024, reciba este año RD$3,927,272.73 a través de la Junta Central Electoral. Otras organizaciones con 380, 731 y 767 votos también reciben recursos, e incluso hay movimientos que no participaron en esos comicios y obtienen prácticamente la misma suma.
La distancia entre el discurso democrático y el funcionamiento real del sistema también se refleja dentro de los partidos tradicionales. En 2024, el PLD reportó más de RD$1,008 millones en financiamiento público frente a RD$64,900 aportados por sus miembros. El PRSC recibió RD$86.4 millones de contribución pública y declaró RD$32,550 en aportes de miembros. Esa diferencia refuerza una estructura en la que la dirigencia depende menos de la militancia, rinde menos cuentas hacia adentro y concentra el control de las organizaciones.
Además de profundizar el desgaste de la política tradicional, ese modelo abre espacio a proyectos sostenidos más en la notoriedad que en la vida orgánica. Si una sigla, una casilla o una alianza terminan convertidas en cheque, la competencia deja de estar centrada en la representación y los resultados para girar hacia la supervivencia electoral y el negocio partidario. La señal para la oposición y para la ciudadanía es de fiscalización: vigilar el uso de los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y cuestionar un sistema que financia estructuras débiles mientras el país sigue esperando respuestas efectivas de gestión.