Una estructura dedicada a la recepción, acopio y redistribución de sustancias controladas procedentes de Sudamérica operaba en zonas turísticas del país, según informó el Ministerio Público, que junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia ejecutó la denominada Operación LGTCA. El despliegue incluyó 14 allanamientos simultáneos en propiedades de La Romana, La Altagracia y Puerto Plata.
El operativo dejó unas 11 personas arrestadas y la incautación de 10 vehículos, varias embarcaciones, dispositivos GPS, equipos electrónicos de comunicación, dinero y documentos. Las autoridades han confirmado 10 integrantes dentro de la organización, varios con condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico en Puerto Rico, un dato que refuerza la dimensión transnacional del caso y el reto de vigilancia sobre estructuras que, según la investigación, ya tenían capacidad para mover múltiples cargamentos al año.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado operaba en el litoral este, entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe, y servía además como puente para el envío de drogas hacia Puerto Rico en lanchas rápidas. En la operación participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD y otras agencias, una magnitud que, más allá del golpe anunciado, también subraya la necesidad de explicaciones sobre cómo una red de ese alcance logró asentarse en una franja sensible para la seguridad y la actividad turística.