La discusión sobre una reforma de justicia fiscal vuelve a poner bajo la lupa la brecha entre el discurso oficial y los cambios reales. El planteamiento insiste en que una reforma de este tipo no puede quedarse en las rentas visibles dentro del país y recuerda que filtraciones internacionales como Panama Papers y Pandora Papers revelaron vínculos de grandes patrimonios y grupos económicos dominicanos con estructuras offshore, un panorama que, sin implicar necesariamente ilegalidad, sí demanda más transparencia, intercambio de información y control sobre la elusión, la planificación fiscal agresiva y la fuga de capitales.
Se reconoce que el Gobierno haya asumido la presidencia de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, pero la principal advertencia sigue en lo que no se toca de manera sustantiva. El texto apunta que el gasto tributario representa 4.5% del PIB, alrededor de RD$393,000 millones, y que su componente empresarial ronda el 55% del total, mientras los incentivos fiscales empresariales continúan sin una revisión de fondo. La advertencia es directa: si se exige mayor esfuerzo a los contribuyentes, debe quedar claro qué privilegios fiscales se revisan y cuáles se conservan por aportar beneficios sociales verificables.
Persisten además vacíos en el frente del gasto y la amnistía. De acuerdo con el texto, el Gobierno propone ajustes y racionalización del gasto público, aunque sin metas suficientemente cuantificadas ni mecanismos claros de seguimiento, pese a que la promesa de austeridad y eficiencia se ha repetido en varias ocasiones sin cambios sostenidos. Con ese panorama, la reforma queda expuesta a dudas sobre su alcance real y refuerza la necesidad de vigilancia institucional sobre quiénes asumen el esfuerzo fiscal y quiénes siguen amparados por un esquema de excepciones poco transparente.