La reforma policial impulsada por el Ejecutivo llega al cierre de la legislatura todavía atascada en el Senado, con retrasos acumulados, nuevas prórrogas y observaciones legales que mantienen en pausa una iniciativa presentada como prioridad oficial.
Depositada el 8 de diciembre de 2025, la propuesta no ha logrado avanzar en el Congreso y sigue pendiente en la Cámara de Diputados. El estado actual del proyecto coloca bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para convertir su anuncio en resultados legislativos concretos, así como el seguimiento institucional, los tiempos de tramitación y la claridad sobre los ajustes que aún frenan su aprobación.
En un proceso de esta magnitud, la discusión no se limita a la presentación de la reforma, sino a su viabilidad real, su costo político y administrativo, y a la rendición de cuentas sobre por qué la iniciativa continúa detenida pese al impulso del Ejecutivo. Hasta ahora, la información disponible apunta a una ruta legislativa complicada, sin una solución inmediata visible antes del cierre de la legislatura.
La falta de avances también deja abierta la pregunta sobre el impacto práctico de la demora en una reforma concebida para modificar la Policía Nacional. Mientras la pieza sigue en espera, el Congreso no ha culminado el trámite y el Gobierno tampoco ha mostrado, en lo publicado hasta ahora, una hoja de ruta pública suficiente para despejar las dudas sobre su aprobación y aplicación.