La República Dominicana alcanzó 82 puntos y el segundo lugar a nivel global en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, un resultado que coloca al país entre los líderes en transparencia presupuestaria, pero que también obliga a mirar más allá del reconocimiento y a exigir mayores niveles de control sobre el gasto público.
El dato, presentado como un avance institucional, adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el Gobierno y el PRM han mantenido un discurso centrado en la eficiencia del Estado y la buena administración de los recursos. Sin embargo, la valoración internacional no sustituye la necesidad de fiscalizar cómo se aprueba, ejecuta y supervisa el presupuesto, ni de comprobar si esa apertura se traduce en servicios más eficientes, menos opacidad y mejor uso de los fondos públicos.
La posición obtenida por el país refuerza la idea de que existen mejoras en disponibilidad de información presupuestaria, pero también abre interrogantes sobre la profundidad de esos avances y su impacto real en la vida cotidiana. En términos democráticos, no basta con subir en un ranking: el desafío es que esa transparencia sea verificable, permanente y útil para vigilar prioridades, prevenir abusos y evaluar resultados.
La lectura política del logro también exige prudencia. Un buen lugar en una medición internacional puede ser una señal positiva, pero no exonera al Gobierno de responder por la calidad del gasto, la disciplina fiscal y la trazabilidad de cada peso ejecutado. Para la ciudadanía, el interés no está en la medalla, sino en si el presupuesto se administra con rigor, sin privilegios innecesarios y con rendición de cuentas efectiva.
En ese sentido, el anuncio debe entenderse como un punto de partida y no como una conclusión. Si la transparencia presupuestaria realmente se consolida, el siguiente paso debería ser fortalecer los mecanismos de supervisión y abrir más información sobre decisiones y resultados, de modo que el control del gasto público no dependa solo de evaluaciones externas, sino de una vigilancia institucional y ciudadana constante.