La crisis que golpea al sector exportador dominicano ha dejado de ser un problema comercial aislado para convertirse en una señal de alerta sobre la capacidad de respuesta del Estado. La suspensión de las importaciones de mango dominicano hacia Estados Unidos, dispuesta por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), llega después de tres años de advertencias ignoradas sobre el descontrol de la mosca de la fruta, en un episodio que vuelve a colocar bajo fiscalización la gestión pública.
Al impacto reputacional y económico se suma un arancel adicional de 12.5% impuesto por la administración estadounidense, una medida que el texto vincula a la incapacidad del país para erradicar prácticas de trabajo forzoso en áreas clave de la economía local. El cuadro, más que un hecho puntual, expone una vulnerabilidad institucional que contrasta con cualquier discurso de control y revela resultados insuficientes en supervisión, transparencia y cumplimiento.
En el caso del mango, el foco recae sobre el Ministerio de Agricultura. El ministro Francisco Oliverio Espaillat atribuye el problema a su reciente llegada al cargo en enero de este año y a la gestión anterior, pero el propio episodio reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre la continuidad del Estado. Mientras los productores enfrentan pérdidas económicas, la respuesta oficial queda cuestionada por no haber informado con claridad sobre el riesgo ni haber evitado que la crisis escalara hasta convertirse en un nuevo desgaste para el gobierno dominicano.