Una jueza de Santiago impuso este viernes prisión preventiva por un año a los señalados como cabecillas de una estructura criminal que, según el Ministerio Público, operaba desde República Dominicana para estafar y extorsionar a residentes en Estados Unidos. Además, el tribunal declaró el proceso de tramitación compleja, una decisión que refleja la magnitud del expediente, la cantidad de implicados y el tiempo durante el cual habría funcionado la red.
La investigación ubica la base de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, y ha identificado al menos a 18 personas, aunque las autoridades no descartan que la cifra sea mayor. Según el expediente, el esquema combinaba anuncios para captar víctimas, contacto directo, amenazas, chantaje y exigencias de dinero. Para intensificar la presión, los implicados se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, y enviaban imágenes violentas y mensajes intimidantes para forzar transferencias.
El caso no solo describe una red con roles definidos y métodos sostenidos en el tiempo; también coloca bajo escrutinio la capacidad de vigilancia frente a una operación que, según las autoridades, movía y ocultaba fondos mediante distintos mecanismos, incluidas criptomonedas como Bitcoin. La medida de coerción marca un avance judicial, pero el expediente deja abierta una exigencia de fondo: explicar cómo una estructura de este alcance pudo operar desde Santiago hasta alcanzar dimensión internacional antes de ser desmantelada.