La Comisión Especial del Senado finalizó el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una propuesta que vuelve a evidenciar la distancia entre el discurso reformista y la necesidad de controles verificables sobre una institución marcada por cuestionamientos de gestión, supervisión y uso de recursos.
El presidente de la comisión, el senador Franklin Romero, explicó que durante el proceso se evaluaron y modificaron varios artículos con el propósito de fortalecer la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esos cambios, el proyecto ratifica que el presidente de la República ejercerá el mando supremo de la Policía Nacional, ya sea de forma directa o por medio del Ministerio de Interior y Policía, un aspecto que más que cerrar la discusión traslada la responsabilidad política del poder civil sobre los resultados de la reforma.
La iniciativa también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, realizaría pruebas de integridad al personal, controlaría el manejo de información reservada y presentaría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. Ese alcance refuerza la alerta institucional: si el proyecto necesita blindar esas áreas, también confirma la magnitud de los controles que aún están pendientes y la obligación de fiscalización desde el Congreso y la sociedad civil.
Además, el texto fortalece las funciones del Consejo Superior Policial, al asignarle nuevas competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, así como la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. A esto se suma la eliminación de asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limitando ese servicio a instituciones públicas y estableciendo sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
Lejos de asumirse como punto de llegada, el cierre del estudio en el Senado deja una pregunta de fondo: si la reforma promete más supervisión, transparencia y disciplina, ahora tendrá que demostrar que no se trata de otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue esperando.