La principal alerta no está solo en el presupuesto del Ministerio de Cultura ni en la agenda anual de actividades, sino en la ausencia de un gran diálogo nacional sobre la política cultural que necesita la República Dominicana para las próximas décadas. El planteamiento reabre un flanco de fiscalización sobre la gestión pública: si ese proceso de concertación existe, sus resultados deberían ser conocidos por el país; si no, queda en evidencia una brecha entre el discurso institucional y la construcción real de una política de Estado.
El texto sostiene que la cultura no puede definirse únicamente desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debe asumir en solitario esa tarea. En ese marco, coloca sobre la mesa una exigencia directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en lugar de limitar la gestión a la administración de instituciones.
La advertencia también apunta al desgaste de un modelo que no logra traducir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura, se plantea, implica transformar ese diálogo en políticas públicas capaces de trascender los períodos gubernamentales. La discusión, además, ya no puede reducirse al territorio insular, en un contexto en que la República Dominicana del siglo XXI desborda sus fronteras geográficas, lo que refuerza la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han producido y con qué nivel de participación ciudadana.